¿NOS CREEMOS REALMENTE ESTO DE LA FINANCIACIÓN LOCAL?

De algo que no hay duda es de que cada día suenan con más fuerza las voces que reclaman una nueva financiación para nuestros Entes Locales. Tras 31 años de andadura desde que se constituyeron los primeros Ayuntamientos democráticos, configurados constitucionalmente como el tercer pilar de la estructura territorial de nuestro país, han desempeñado el papel principal en la modernización y mejora de vida de los ciudadanos y ciudadanas.
Nuestra Constitución les reconoce la autonomía para la gestión de sus propios intereses y establece que deberán disponer de los medios suficientes, nutriéndose de tributos propios y de participación en los ingresos del Estado y en los de las Comunidades Autónomas.

Puedo estar de acuerdo en que estos años, especialmente duros también para las Administraciones Públicas, lo son aún más para los Ayuntamientos, y puedo comprender las llamadas de socorro de muchos alcaldes y alcaldesas que claman por más y mejor financiación.
Pero me resulta un ejercicio de manipulación sin escrúpulos las peticiones de los cargos públicos del Partido Popular al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que ponga fin a esta situación, especialmente en esta Comunidad donde el derecho de los Ayuntamientos a participar en sus ingresos (como establece nuestra Carta Magna) es una utopía hoy por hoy.

Haciendo un análisis real, la situación actual es la que aprobó el Gobierno del Partido Popular en 2001, con la que nuestra Junta estuvo de acuerdo y en la que se establece que los Ayuntamientos recibirán una cantidad en relación directa con la recaudación del Estado.
Si la recaudación sube, los ingresos municipales suben; si la recaudación baja, los ingresos de nuestros Entes Locales merman.
A ello, debemos añadir el perjuicio que los Ayuntamientos sufrieron cuando el Partido Popular unilateralmente decidió eliminar el Impuesto de Actividades Económicas para las empresas que facturasen menos de 1 millón de euros, el 90% en nuestra provincia.

Es verdad que los Ayuntamientos están mal, que no reciben lo que por derecho les corresponde y que a menudo cargan con competencias impropias para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas, pero no es menos cierto que el Estado está siendo sensible a esta situación.
Además de la compensación económica a los Ayuntamientos por la supresión del IAE con 120 millones de euros anuales desde 2005 y de la posibilidad del anticipo de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado para mejorar su tesorería a corto plazo, los Ayuntamientos palentinos han contado en estos dos años con un Fondo extraordinario de inversión por el que han recibido 50 millones de euros adicionales.

Frente a estas actuaciones de apoyo al municipalismo, el Partido Popular de Castilla y León está incumpliendo el Estatuto de Autonomía y la propia Constitución al no crear una participación en los ingresos de la Comunidad Autónoma. Transfieren recursos con fondos condicionados, muchos de ellos sin convocatoria pública o sin criterios objetivos o iguales para nuestros Ayuntamientos y como contraprestación les cargan con competencias impropias como potabilizadoras, obras en colegios o escuelas infantiles.
Yo pediría a los cargos públicos del Partido Popular que empezaran a asumir sus responsabilidades, que urge ya un planteamiento del sistema de financiación municipal que está de acuerdo con la distribución de competencias entre los diferentes niveles de Administraciones Públicas, y que establezca la máxima de «ni una sola competencia sin financiación».

Resulta imprescindible la identificación del papel de nuestra Comunidad Autónoma en la provisión de suficiencia financiera a nuestros Gobiernos Locales.
El PSOE se ha puesto a trabajar ya en cómo mejorar el modelo que el PP aprobó, espero que el PP y la Junta de Castilla y León definan de una vez por todas el modelo que les corresponda y que llevamos años esperando.
Sólo salvaremos el papel de los Ayuntamientos reconociendo que la fiscalidad local es el máximo instrumento de redistribución económica y social, la manera más directa por la cual la sociedad, a través de los poderes públicos, ejerce la solidaridad y puede prestar servicios de calidad a sus ciudadanos, el único pero que veo en esto es que hay que creérselo y de ello no estoy tan convencida dadas las actuaciones del Partido Popular.